Higher education policy in the Southern Cone Countries

Revista de la Facultad de Medicina

Tejeda-Cerda, Pamela²  Fernández-Moreno, Aleida¹ 

[1] Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia;Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile

关键词: Disabled Persons;    Persons with disabilities;    Higher education;    Public policy;   

DOI  :  10.15446/revfacmed.v63n3sup.49329

学科分类：医学（综合）

来源: Universidad Nacional de Colombia * Facultad de Medicina

【 摘 要 】

Antecedentes. Para esta investigación se revisaron, como antecedentes, las políticas educativas nacionales de los países del Cono Sur y posteriormente se compararon las políticas institucionales de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), la Universidad de Santiago de Chile (Chile) y la Universidad de La República (Uruguay). Objetivo. Caracterizar e interpretar las políticas de educación superior en Argentina, Chile y Uruguay, determinando factores que promueven o restringen una educación universitaria inclusiva para los estudiantes con discapacidad. Materiales y métodos. Estudio cualitativo a partir de fuentes documentales. Desde una perspectiva comparada, se exploraron las leyes nacionales y las normativas universitarias que nutrieron las categorías y matrices para el análisis político de la información. Resultados. Se encontraron diferentes enfoques políticos: Argentina con una postura de enfoque de derechos, Chile desde un enfoque biomédico y diferencial, y Uruguay con un enfoque social de la discapacidad. Conclusiones. Argentina lidera en la carrera para lograr una política de educación superior inclusiva; tanto en Chile, como en Uruguay hay cambios en sus políticas institucionales, sin embargo aún presentan limitaciones; en Chile los procesos de acceso están restringidos por altos costos y dificultades de financiamiento. La desigualdad social y económica en Latinoamérica afecta particularmente a los estudiantes con discapacidad. Si bien existe un marco jurídico que resguarda la educación, las realidades de los países del Cono Sur difieren en los procesos de acceso, permanencia y egreso de estos estudiantes. Palabras clave: Personas con discapacidad; Educación superior; Políticas públicas (DeCS).Tejeda-Cerda P, Fernández-Moreno A. Políticas de educación superior en países del Cono Sur. Rev. Fac. Med. 2015;63:S33-40. Spanish. doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.49329.Summary Background. National education policies of the Southern Cone countries were reviewed as a background for this research. Later on, institutional policies of the National University of La Plata (Argentina), the University of Santiago de Chile (Chile), and the University of the Republic (Uruguay) were compared. Objective. To typify and construe the policies of higher education by assessing factors that promote or restrict an inclusive higher education for students with disabilities in Argentina, Chile and Uruguay. Materials and Methods. This is a qualitative study based on documentary sources. From a comparative perspective, national laws and university regulations which nurtured the categories and matrices for political analysis of information were explored. Results. Different political approaches emerged: a stance on rights by Argentina, a biomedical and differentiated approach by Chile, and a social approach to disability by Uruguay. Conclusions. Argentina leads the way for a policy of inclusive higher education. In both, Chile and Uruguay, there are changes in their institutional policies, however, they still show limitations. Access processes in Chile are constrained because of high costs and financing difficulties. Students with disabilities are particularly affected by social and economic inequality in Latin America. Although there is a legal framework that protects education, realities of the Southern Cone countries differ in the processes of access, retention and graduation of these students. Keywords: Disabled Persons; Persons with disabilities; Higher education; Public policy.Tejeda-Cerda P, Fernández-Moreno A. [Higher education policy in the Southern Cone Countries]. Rev. Fac. Med. 2015;63:S33-40. Spanish. doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.49329.IntroducciónSegún el Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe, emitido en el año 2006, el derecho de todos a tener acceso a la educación en condiciones de igualdad es un derecho humano sobre la base del reconocimiento de la diversidad humana. El acceso, la permanencia y conclusión de estudios en la educación superior ha demostrado que este contexto educativo es el más excluyente de todos, situación que requiere de atención urgente especialmente para las personas con discapacidad (1). Esta cita refiere una de las principales preocupaciones en el contexto de la discapacidad y la educación superior, realidad que no solo se aprecia en la región de América Latina y el Caribe, sino que también acontece en países europeos. En Latinoamérica la situación se torna más compleja debido a las desigualdades sociales existentes, las cuales dificultan aún más el ingreso a la educación superior de las personas en situación de discapacidad (1). En casi una década no parece haber cambiado la situación, si bien no hay un nuevo informe de educación superior, en el 2014 desde la CEPAL se señala que la información sobre el tiempo de asistencia a centros de enseñanza de las personas con discapacidad de 13 a 18 años revela grandes disparidades según el país y el tipo de discapacidad. No obstante, a partir de la información disponible, en 2011 el promedio era de no más de tres años de estudio en América Latina (2). Así, en lo que respecta a la educación existen restricciones desde los niveles educativos que anteceden al superior y, en consecuencia, actúan como sistema de filtro, impidiendo que un estudiante con discapacidad transite desde la educación secundaria hacia la educación superior. Este tránsito no está exento de dificultades, entre las que se encuentran barreras arquitectónicas, pedagógicas, comunicacionales y actitudinales —siendo esta última una limitante importante en el desarrollo de las prácticas inclusivas—, a partir de estas barreras se ve limitado el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes con discapacidad en la educación superior. De hecho, en el informe de la CEPAL del 2014, de los participantes en el estudio, solo los países del Caribe de habla inglesa reportan estudiantes con discapacidad en la educación superior (2). De manera similar, en el 2014, un documento de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se centra en educación básica y secundaria y no contempla los avances y desafíos de la educación superior inclusiva (3). Como lo develan los documentos consultados, otro aspecto importante a mencionar se refiere a la falta de estadísticas precisas sobre el número de estudiantes con discapacidad en educación superior. El estudiante con discapacidad es sujeto de exclusión del capital humano de la sociedad, por lo cual ve limitada su capacidad para aportar al desarrollo personal y social (4). Si bien en la región existe un amplio marco legal referente a la discapacidad, sus aplicaciones se ven limitadas debido a: la ausencia de normas detalladas y específicas, su obsolescencia o inaplicabilidad; la falta de ratificación de convenios internacionales; el desconocimiento de las leyes por parte de los actores y de los beneficiarios; el deficiente ejercicio de la ciudadanía por parte de las propias personas con discapacidad, lo cual contribuye a la reproducción de dinámicas excluyentes; y el incumplimiento por parte del Estado en su función planificadora y reguladora, lo cual repercute en los diversos sectores sociales (1). Si bien recientemente es posible identificar distintas iniciativas en universidades latinoamericanas —destacándose países como Argentina, Costa Rica, Brasil y Colombia—, estas últimas se han visto favorecidas por la formación de redes de Educación Superior (ES) inclusiva entre instituciones, lo que ha fortalecido el trabajo en países como Argentina, Colombia y recientemente Chile; en esta misma línea, un avance importante es la existencia de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, constituida en el año 2009 (5). Ahora, para comprender la política de educación superior en los países del Cono Sur y su relación con los estudiantes con discapacidad es necesario dar a conocer el escenario político y educativo en cada uno de ellos: En Argentina existe la política nacional que sustenta la educación para personas con discapacidad, esta es la Ley de Educación Superior 25573 de 2002 (6), que modifica la antigua Ley de Educación Superior 24521 de 1995. La Ley de Educación Superior 25573 especifica la responsabilidad del Estado frente a la prestación del servicio de educación superior y con ello garantiza la accesibilidad física y comunicacional para las personas con discapacidad; apoyos técnicos durante las evaluaciones; formación y capacitación para profesionales, docentes y técnicos atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad; y formulación de planes de estudios, investigación científica y extensión acerca de la problemática de la discapacidad. Si bien se refieren principalmente al acceso y ayudas técnicas para los estudiantes con discapacidad, se destaca el cambio al cual fue sometida la Ley de Educación Superior Argentina a favor de una iniciativa de política inclusiva en este nivel educativo. Además, se destaca la creación de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos por parte de la Universidad Nacional de La Plata (7), además de la conformación y liderazgo de la actual Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, organismos sólidos que se han construido en el país y que han proyectado su trabajo hacia otros países sudamericanos, que, más allá de cumplir con los objetivos de difusión e intercambio de experiencias, han permitido al continente sudamericano replantear ideas acerca del diseño de políticas universitarias en el contexto de la discapacidad. Por otro lado, Chile presenta como política nacional educativa la Ley General de Educación 20370 de 2009 (8). En lo que respecta a la educación superior solo señala el funcionamiento administrativo y la autonomía de las instituciones educativas. Frente a esta situación, el país se sustenta bajo la política de discapacidad con la Ley 20422 de 2010 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en su artículo 39 "las instituciones de educación superior deben contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, adaptaciones curriculares y materiales de estudios" (9), lo que en último tiempo ha desencadenado una serie de cambios en esta temática. Como ejemplo, en el año 2011 se constituyó la Red de Educación Superior Inclusiva (5) —la cual está conformada por universidades públicas y privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica— abordando la educación superior del país; y en el año 2014, se otorgaron becas para personas con discapacidad que permiten a estudiantes con discapacidad y con rendimiento académico meritorio financiar total o parcialmente el arancel anual de una carrera de pregrado (Ver http://goo.gl/JxM8iM) Finalmente, Uruguay se respalda bajo la Ley 18651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad de 2010 (10), la cual dispone un capítulo para la educación, en donde se especifica que se facilitará la continuación de estudios de toda persona con discapacidad que haya aprobado la fase de instrucción obligatoria, la accesibilidad física y tecnológica para el desarrollo de su formación educativa. Además, este país posee una Red Temática de Discapacidad-RETEDIS (ver http://goo.gl/gnlg2V), creada en el año 2008 y perteneciente a la Universidad de la República. Su fundamentación está dada por un campo conceptual y la aplicación de conocimientos, centrada principalmente en la sensibilización a través de la investigación y la cátedra. En el escenario educativo, tanto en Argentina, como en Uruguay, la educación universitaria es gratuita y no existen pruebas de selección, lo que facilita el ingreso por parte de personas con discapacidad; mientras tanto en Chile persiste un régimen selectivo en la educación superior, además de la rendición de una prueba de selección universitaria, se suman los altos aranceles en las carreras universitarias. A diferencia de Argentina y Uruguay, Chile autogestiona sus propios recursos para equiparar las desigualdades en el acceso, las universidades poseen un sistema de ingreso especial, que consiste en la admisión adicional para aquellos postulantes que reúnan alguna condición de discapacidad, pertenezcan a una etnia, sean deportistas destacados o profesionales trabajadores (situación similar a la que se vive en Colombia). Si bien en Chile y Uruguay no se encuentra especificada la garantía de la educación para las personas con discapacidad en el nivel superior, como el caso de Argentina, han sido las instituciones universitarias las que han asumido la responsabilidad de generar iniciativas: en el caso de Chile la acción afirmativa de ingreso especial y beca para personas con discapacidad, y en Uruguay la difusión de la temática de discapacidad mediante una red académica. Materiales y mé

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